En una hermosa ceremonia tribal, el sábado 21 de enero, Evo Morales recibió de su pueblo Aymará, entre cantos y bailes ancestrales, la autoridad de mando. Al día siguiente asumió la primera magistratura de Bolivia para la cual, como es bien sabido, había sido electo. Se convirtió así en el primer representante de la inmensa mayoría de los bolivianos en la jefatura de Estado.
Los antecedentes del presidente boliviano, como director de la asociación de los cultivadores de coca, no son usuales entre los presidente de América Latina, varios de los cuales asistieron a su inauguración. Bolivia tampoco es un país típico de la región, quizás de ninguna región. En América, se le acerca un poco Guatemala, más españolizada y menos pobre.
La presencia de un indígena como Evo Morales en el liderazgo de una democracia moderna en un país en las primeras etapas de desarrollo despierta ilusiones e inquietudes. Las ilusiones son bien conocidas. Las preocupaciones surgen de dos fuentes principales: los indígenas, como todos los grandes discriminados han estado sometidos a la opresión secular por los grupos de poder que, entre otras cosas, los han privado de acceso a la educación y a la experiencia necesarias para surgir. Esa exclusión puede haber tenido el efecto de negar al nuevo presidente de Bolivia las habilidades e instrumentos propios del buen gobierno. Podría suplirla con su rectitud, su vocación de servicio y su entusiasmo.
Las inquietudes se agrupan, ante todo, en el cultivo de la coca. Para el presidente Morales es una actividad no sólo lícita sino casi sagrada. Ha dicho que ampliará las zonas de cultivo legal de la coca y que combatirá a los fabricantes y traficantes de cocaína. Esta postura, comprensible desde el punto de vista cultural e intelectual, lo coloca en abierta oposición con Washington, que ha gastado millones de dólares en un esfuerzo no siempre exitoso para erradicar la coca en Bolivia. Lo pone también en crudo contraste con otros mandatarios regionales. Por ejemplo, al día siguiente de la posesión de Morales uno de los que lo acompañaron, Álvaro Uribe Vélez, apareció en una foto en la edición digital de El Tiempo arrancando una mata de coca en el parque natural de La Macarena en donde supervisó la erradicación manual.
Es lamentable que entre tantas contradicciones no se discuta en serio la legalización de la droga, que quizás superaría los problemas que se enfrentan. Pero de momento, hay un hecho evidente y amenazante: la coca tiene un precio de intervención y de soberanía. Los países ricos que ayudan al desarrollo en los países pobres tienen derecho a estipular las condiciones de su ayuda porque en el mundo de la democracia capitalista la justicia distributiva no es un deber sino más bien un obstáculo (ver a Hayek, por ejemplo) Pero las condiciones que imponen tienen injerencia directa en los países recipientes. Es obvio que para el presidente de Colombia la necesidad de ayuda estadounidense para combatir a los grupos armados irregulares es un argumento poderoso en sus decisiones sobre el tratamiento del cultivo de la coca. Evo Morales se expone a que el gobierno de Washington, que hasta ahora ha tenido una actitud comprensiva y expectante resuelva que su política coquera lo excluye de la ayuda de Estados Unidos, lo que representaría un obstáculo serio para todos sus programas de gobierno.
Es un problema que merece reflexión. ¿Hasta que punto los dirigentes latinoamericanos tienen la suficiente autonomía para ejercer con propiedad el gobierno de sus pueblos?
