La guerra de las dos rosas…la guerra de los mil días…la guerra del golfo…la guerra contra el terror se llamará más bien la guerra de los secretos. Hace rato los medios de comunicación vienen destacando el excesivo amor del presidente Bush a los secretos. Bien notoria ha sido, por ejemplo, la negativa consistente a brindar al senado documentos necesarios en procesos de confirmación de candidatos propuestos por el gobierno, o el velo impenetrable que cubrió las tratativas del vicepresidente Cheney con un grupo de empresarios del sector energía para definir la política energética.
La guerra del terror, el caballo de batalla del presidente tejano, se ha planteado en dos módulos de información bien delineados y opuestos. Por una parte, el gobierno ha lanzado y mantenido una actitud vociferante encaminada a atemorizar al pueblo y a acrecentar el campo de maniobra del presidente.
En contraste con ese continuo toque de alarma, el ejercicio de la tal guerra, si así puede llamarse, se ha mantenido en el más estricto secreto.
Durante mucho tiempo el gobierno se negó siquiera a identificar supuestos terroristas detenidos al margen de los procedimientos judiciales consagrados en la ley y a señalar el número de prisioneros alojados en diversas cárceles sin acusación concreta, acceso a abogados defensores, audiencia ante los jueces o fecha límite de encarcelamiento. Se maniobró también en secreto para ceder presos a terceros países, entre ellos algunos que practican la tortura, transportándolos en aviones de la CIA que cruzaron espacios aéreos de países europeos y usaron sus aeropuertos, no se sabe si a espaldas o en confabulación con ellos.
En las últimas semanas la prensa ha informado acerca de dos secretos de gran
envergadura: la existencia de prisiones secretas de la CIA en diversos países y el espionaje de ciudadanos estadounidenses en territorio de Estados Unidos con la autorización expresa del presidente Bush sin previo permiso del tribunal competente. En este caso hubo un destape inesperado cuando Bush admitió la acusación.
Para justificar su presunta violación de la ley el inquilino de la Casa Blanca dice que él tiene obligación de velar por la seguridad de los estadounidenses y el espionaje doméstico permite cumplir con ese deber.
Afirma que ha actuado dentro de la constitución y las leyes y propone investigar a quienes han delatado sus actividades secretas de jefe de espías. Y se saldrá con las suya: en las “democracias occidentales” la ley suele discurrir a favor de los que tengan dinero y poder. Eso es lo que las hace tan parecidas a las dictaduras.
