La ciudadanía de Colombia se apresta a votar un referendo el próximo 25 de octubre. La propaganda gubernamental lo ha promovido como un certamen de democracia participativa y en efecto lo será. En una sociedad acostumbrada a entender por democracia el deseo mayoritario en el grupo pequeño que maneja las finanzas, la política y la vida del país, la oportunidad de registrar una voz que cuente es un hecho desacostumbrado y auspicioso.
El referendo, desde luego, no es el único acto de democracia participativa. Hay otras instancias, no siempre bajo el ala del gobierno, en las cuales el pueblo ejerce su soberanía. Se trata no sólo de manifestaciones de protesta y de reclamo ante los poderes públicos, sino también de acciones solidarias entre distintos estratos sociales, con ánimo de progreso y no de caridad.
La democracia participativa permite también expresar desacuerdo con la voz oficial y con el eco de las mayorías, en ejercicio del derecho de disentir.
Vale la pena reflexionar sobre el valor específico del referendo propuesto al pueblo colombiano. La oportunidad de participar consiste en aceptar o rechazar ciertos cambios en la Constitución. Una característica esencial de una buena constitución es su durabilidad. No es deseable andar cambiando la ley fundamental, que por su propia naturaleza debe ser fuente estable de las demás leyes. En Colombia, reformar la constitución se ha convertido en timbre de buen gobierno. La actual fue adoptada en 1991 y parece muy pronto para modificarla.
Las nuevas disposiciones sometidas a consideración del constituyente primario no son fundamentales. La mayoría parece más propia de la legislación ordinaria que de la ley básica. En algunos casos, como los que se refieren a destinación de recursos para fines específicos, su aprobación resultaría en la incorporación de instrumentos radicales y equivocados en un documento difícil de cambiar y crearían mayor rigidez en la programación del gasto público. La congelación de los gastos fiscales de funcionamiento puede tener consecuencias nefastas, dependiendo de como se los defina y administre.
Lo más grave es la sensación de que el referendo es una manera de avanzar hacia un país mejor. El Presidente Uribe ha reconocido que su propuesta no resolverá todos los problemas, pero ha dado a entender que iniciará el camino para superarlos. Se repite así, atenuado, el error de la constitución del 91, promulgada como panacea para todos los males de Colombia.
Nuestros gobiernos tienen un concepto errado del alcance de la constitución. A lo largo de la historia las constituciones no han producido grandes cambios sociales y políticos, sino que los han recogido. No son mecanismos para paliar las catástrofes nacionales sino documentos que sirven para organizar el orden una vez recobrado. Ni la lírica constitución del 91 ni el pedestre referendo del 2003 rescatarán a Colombia.
El actual gobierno es partidario de la participación popular, como lo demuestran por ejemplo su programa de informantes o los soldados campesinos. Ojalá llegue pronto el día en que la democracia extendida conduzca a nuevas prioridades de carácter constructivo y no defensivo, como los temas de educación y salud pública y aún la programación comunitaria del presupuesto público de inversiones, quizás la única cláusula novedosa del referendo de marras.
Ah, y hay algo más. El Tiempo de Bogotá en su edición dominical subrayaba la trascendencia del referendo para el prestigio y la gobernabilidad del Presidente Uribe. El referendo es también cuestión de imagen.