¿Habrase visto cosa más ridícula, en momentos en que se juega el futuro de la humanidad, que cambiar el nombre de las papas fritas? Eso es lo que han hecho los congresistas estadounidenses siguiendo, según han dicho, el ejemplo de algunos dueños de restaurantes de su país, inflados de patriotismo y escasos de sesos.
En Estados Unidos, las papas fritas se han llamado hasta ahora fritas francesas (French fries) pero, teniendo en cuenta que Francia resultó un aliado traicionero en el asunto de Irak, un comité administrativo del congreso de Estados Unidos, en manos del partido republicano, ha impartido instrucciones para que en las cafeterías de los legisladores las papas fritas cambien de nombre, si bien no de naturaleza. Se llaman fritas de la libertad (Freedom fries)
Si este esguince político fuera un chiste cabría celebrar el buen humor súbito de la derecha estadounidense, o encontrar que su ingenio sigue siendo tan amargo como de costumbre. Por desgracia, sin embargo, parece que se trata de algo más que una broma, un nuevo síntoma de la orientación filosófica del partido de gobierno, que predica la diversidad y practica la discriminación.
La xenofobia parecería una contradicción en un país que, como Estados Unidos, ha sido la resultante de la inmigración. Existe, sin embargo, en relación con todos aquellos que no pertenecen a los grupos blancos de etnia europea que formaron la nación. Los americanos procedentes de Africa y los nuevos inmigrantes latinoamericanos y asiáticos son presa favorita de la discriminación racial. El terrorismo que lanzó los criminales atentados del 11 de septiembre de 2001 concentró en la población musulmana el rechazo social y sujetó a los nacionales de numerosos países árabes a medidas discriminatorias y humillantes, como la inscripción forzada en el servicio de inmigración.
Dentro de ese panorama de desprecio hacia determinados grupos étnicos o religiosos, el incidente de las papas fritas no es apenas una anécdota absurda, sino también el brote de un nuevo estigma destructivo. El llamado Mundo Occidental, o sea las naciones de platea, ha tenido siempre un sesgo a la división. El proceso de consolidación de la Unión Europea ha echado sal en la herida. En Estados Unidos se critica a cada paso, con argumentos facciosos, el progreso de la integración en Europa más que por el avance objetivo por poner en riesgo la supremacía mundial de Washington. La “deserción” de Francia en las discusiones sobre Irak del Consejo de Seguridad ha agudizado el resentimiento con Europa, señalando la aparente ingratitud de los europeos con sus salvadores en las dos grandes guerras del siglo XX. Los republicanos no toleran la oposición doméstica y mucho menos la internacional, porque atentan contra su principio fundamental, el monopolio de la verdad absoluta. Se abre así un nuevo frente de discriminación, el necio intento de exclusión cultural de un país que ha sido abanderado de la cultura universal.
El derecho de disentir es una de las prerrogativas básicas de los ciudadanos en el sistema democrático de gobierno y por extensión constituye una facultad fundamental de los gobiernos en el área internacional, cuyas características de organización política deben conformarse a las que prevalezcan en el ámbito doméstico en las distintas naciones. Pensar que Francia tiene obligación de coincidir y aprobar cuanto planteamiento ocurra a Estados Unidos en cuestiones globales es tan absurdo como pretender que los ciudadanos de un país estén obligados a acatar sin cuestionamiento todas las órdenes y disposiciones de sus gobernantes. Suprimir la disensión es proscribir la democracia.
Por curiosa coincidencia ese pequeño pero diciente incidente de las papas fritas ha ocurrido el mismo día en que la Corte Penal Internacional se constituyó en La Haya sin la presencia de Estados Unidos. Mientras unos cuantos congresistas provincianos quisieron asestar un golpe de cocina a la cultura francesa, los gobiernos de la mayoría de los países del mundo se preguntaban por qué la nación más poderosa de la tierra se niega a participar en el esfuerzo solidario de crear un tribunal con jurisdicción sobre la conducta criminal en el área internacional, contribuyendo a globalizar el derecho y no la fuerza.