¿Justicia Internacional o Indulto Garantizado? Lo trascendental del tema justifica que se le ventile una vez más. En el extraño debate póstumo al establecimiento de la Corte Internacional de Justicia brotan por todas partes excepciones que desvirtúan la esencia misma del espíritu que llevó a la creación del tribunal. Han surgido también nuevos actores: en Elsinor, Dinamarca, donde se reunieron los ministros de relaciones exteriores de los países de la Unión Europea, hizo su entrada a la palestra el señor Silvio Berlusconi, representante de la crema empresarial italiana, propietario del gran club de fútbol Milán, quien de sospechoso en los juzgados de su país pasó a primer ministro y a canciller de Italia. En el tan manido tema de la inmunidad, proclamó la original conclusión de que cada nación había firmado el documento constitutivo de la Corte en forma aislada y podría también sin tener en cuenta a los demás estados parte, acordar privilegios de inmunidad con Estados Unidos. Berlusconi señaló que Italia está dispuesta a hacerlo. Pero lo importante no es esa divagación sofística, sino el fondo del asunto
Se sumó el gobierno del empresario de Milán a los de otros países vulnerables que han concedido inmunidad por crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario a las huestes de ciudadanos de Estados Unidos desplazadas por el mundo en misiones de tolerancia y entendimiento, de asesoría técnica e inteligencia militar. Muchos otros gobiernos se encuentran entre la espada y la pared, con el dilema que afrontan ante las exigencias de Washington, entre asegurar la protección del Tío Sam o mantener la vigencia del derecho internacional y la soberanía nacional.
La campaña de promoción de la inmunidad a cargo del gobierno estadounidense ha tenido ya resultados tangibles aún cuando inferiores a los deseados por la Casa Blanca, cuando las Naciones Unidas la han conferido a todos los participantes de ese país en las fuerzas de paz de la ONU por un período de un año, prorrogable. Es curioso, por lo menos, que para hacer la paz se haya hecho necesario asegurar la libertad para delinquir.
El ansia de impunidad se extiende por las arterias del mundo desde cuando la comunidad universal decidió crear una instancia penal con jurisdicción global. Colombia y Francia ratificaron el documento constitutivo de la Corte con reservas que estipulan la inmunidad por períodos de siete años respecto de crímenes de guerra y contra el derecho internacional humanitario.
Lo que está ocurriendo en torno de la Corte Penal Internacional origina serias dudas y numerosos interrogantes. Por ejemplo, ¿de cuál inmunidad se trata? Puede ser, quizás, un escudo similar al que en muchas partes del mundo se brinda a los parlamentarios con la ilusión de que ese privilegio garantice mayor independencia y flexibilidad a las tareas legislativas. La inmunidad parlamentaria, por demás está decirlo, ha ayudado más a difundir la corrupción que a mejorar las leyes. En el caso de la jurisdicción de la Corte, los beneficiados son grupos de personas de la misma nacionalidad o actividad que para nada necesitan ser exonerados a priori de su responsabilidad legal.
La inmunidad puede ser absoluta, invocada ante cualquier jurisdicción, o relativa que exima al reo de la competencia de la Corte pero no de comparecer ante la justicia del país del cual es ciudadano. Un caso de inmunidad a medias ha sido la sindicación del ex general Pinochet, a quien se evadió juzgar según la justicia internacional para dar campo a un presunto juicio en su país. La inmunidad absoluta es inconcebible ya que equivale a derogar las leyes que se pretende defender y la relativa torna inútil y superflua la creación de un tribunal internacional, porque los encargados de administrar justicia serían los jueces nacionales.
Los sectores de opinión moderados y racionales del mundo recibieron la firma del Tratado de Roma y las ratificaciones que crearon la Corte Penal Internacional como prenda de que se avanza por caminos de equidad y de equilibrio. Por desgracia la campaña de promoción de inmunidades frente al nuevo tribunal con el consiguiente recorte de su jurisdicción ha desatado una conspiración para delinquir a la sombra de una institución cuya validez reside en su capacidad de juzgar con objetividad a los que atenten contra la humanidad.