En el país de la democracia y el libre comercio, Estados Unidos, personajes extremistas insisten en proscribir la inmigración y echar a los “ilegales”. Dan la bienvenida al flujo irrestricto de cosas, finanzas y dinero pero hacen lo posible para que los pobres vuelvan a los ranchos de donde vinieron. El gobierno negocia y el congreso aprueba pactos de dudoso beneficio para los países centroamericanos; los gobernadores de Arizona y Nuevo México decretan estado de emergencia por la avalancha de inmigrantes sin papeles y Bill Richardson, el de Nuevo México, aspirante a la candidatura demócrata en 2008 propone arrasar una población fronteriza en México. En Richmond, capital del estado de Virginia, legisladores estatales se confabulan con un aspirante a la gobernación para expulsar a quienes les parecen indeseables.
El gobierno de España regularizó la situación de los inmigrantes sin papeles que pudieran comprobar haber estado en el país durante cierto tiempo, tener un trabajo real y una hoja de vida limpia. Se convirtió así en pionero de una visión constructiva y racional del trato a los indocumentados. El mismo gobierno ha resuelto construir en las ciudades de Ceuta y Melilla, únicas fronteras de Europa con África, poderosas barreras de metal para impedir el paso de las hordas hambrientas que llegan de África por Marruecos. Como si el mundo fuera un rompecabezas sin salida.
Visto desde Madrid, Richmond parece una capital provinciana en un lugar desconocido. Lo que allí se cocina, sin embargo, puede tener consecuencias nefastas porque según los legisladores republicanos de Virginia el mundo es de los dueños del poder y del dinero. El delegado David Albo declaró al Washington Post (30 de septiembre) estar preparando una batería de proyectos de ley para negar cualquier derecho a quienes él llama “ilegales” y agilizar su expulsión. Dijo esperar que el candidato republicano Jerry Kilgore sea elegido gobernador el 8 de noviembre, porque es animal de su mismo pelaje.
No hay peor astilla que la del mismo palo. Otro delegado, hijo este de madre colombiana inmigrante, Jeffrey M. Frederick, afirmó en una entrevista publicada por El Tiempo digital el 2 de octubre que hay que devolver a sus países a los casi 10 millones de “ilegales” que viven en Estados Unidos. Y tuvo la audacia de insinuar que por vía de los inmigrantes “ilegales” podría llegar otro 11 de septiembre.
Hay otras maneras de considerar el tema. Una de las escasas iniciativas rescatables del presidente Bush ha sido la intención de conceder permisos temporales de trabajo a los inmigrantes indocumentados. Aun cuando incompleta por su carácter provisional y la exclusión de la posibilidad de adquirir la ciudadanía, su idea es menos escabrosa que las que hierven en la legislatura de Virginia. Por su parte, el proyecto de ley patrocinado por los senadores McCain y Kennedy constituye una premisa racional para buscar soluciones viables.
Ojalá los republicanos apoyen a su copartidario el senador McCain y rechacen las pretensiones de aquellos que como Jerry Kilgore sólo aportan al debate sobre un tema trascendental prejuicios personales y el respaldo de legisladores fanáticos.
