La Corte Suprema de Estados Unidos parece estar saliendo de su letargo y asumir el papel que le corresponde para orientar la vida nacional hacia una convivencia civilizada, respetuosa de los principios éticos y de las normas jurídicas. La decisión mayoritaria que declara inconstitucional la pena de muerte para menores de 18 años al tiempo de perpetrado el crimen es el simple reconocimiento de una realidad hasta ahora ignorada. Esta nueva opinión de la Corte complementa la adoptada algún tiempo atrás declarando también contraria a la constitución la pena capital para personas con deficiencia mental. La Corte se coloca en posición distinta a la del ejecutivo. Cuando el señor Bush era gobernador de Tejas presidió sobre ejecuciones ahora prohibidas, alegando que se trataba de aplicar la ley de la tierra. Su ejercicio de la gobernación batió el récord del número de ejecutados en ese estado, que a la vez tiene la dudosa distinción de ser el que más prisioneros mata en Estados Unidos.
Uno de los argumentos principales expuestos por los magistrados para justificar su opinión consiste en la necesidad de tomar en cuenta la evolución de los principios que guían el comportamiento social en Estados Unidos, alegando que se ha modificado de manera gradual la postura en relación con la pena de muerte, que ha perdido apoyo cuando se trata de menores o personas con deficiencia mental. La opinión de la mayoría se refirió también al hecho de que Estados Unidos es uno de sólo 7 países que practican la pena capital contra menores de 18 años.
Deberá llegar el día en que la Corte reconozca que la pena de muerte es siempre un castigo cruel e inhumano que no es válido en ningún caso y la declare inconstitucional. Sin embargo, un sector de la opinión pública estadounidense y el actual gobierno tienen la curiosa postura de apoyar cualquier medida encaminada a salvaguardar la integridad del feto, al mismo tiempo que descuidan las carencias propias de la vida extra uterina y aprueban la pena capital. Los autodenominados movimientos pro-vida sólo defienden la vida uterina. La sociedad y la ley deberán reconocer que la integridad de la vida humana abarca también los años desde el nacimiento hasta la muerte natural.
Es justo reconocer que la Corte Suprema, donde ronda con fuerza el espíritu de derechas, ha adoptado una decisión contraria a muchos prejuicios, decisión que pregona la apertura hacia formas más luminosas de encaminar los conflictos jurídicos futuros hacia soluciones racionales. Es de desear que se llegue pronto a la abolición universal de la pena de muerte. Si ello ocurre, será posible buscar formas de evitar la guerra, que es la aplicación masiva de la pena capital en los campos de batalla.
Hay muchos obstáculos por remontar, empezando por la actitud del gobierno del señor Bush. Como resultado de la orden de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que favoreció a 51 ciudadanos de Méjico condenados a muerte en Estados Unidos, Washington se retiró del protocolo que da jurisdicción a la Corte en casos como esos. Menuda manera de tratar la ley: cuando nos obligue a hacer algo que no queremos, deroguémosla y hagamos lo que nos de la gana.