Hace veinte años Chile era una economía capitalista casi perfecta con un tirano a bordo. El capitalismo chileno sigue en boga pero el dictador de entonces es el reo de ahora. La Corte Suprema ha decidido que el patrocinador de los niños de Chicago está en condiciones de responder por sus actos criminales en la Operación Cóndor.
Mientras la bonanza material de Chile se esgrime como modelo para propagar la democracia capitalista en el llamado Tercer Mundo, parece más oportuno enarbolar la justicia chilena para que se la imite en las descarriadas sociedades del Norte y el Sur del continente.
El llamado a juicio penal del ex dictador había sido aspiración de la opinión mundial y tema de acción para unos cuantos magistrados soñadores que piensan que los crímenes contra la humanidad caen bajo una implacable jurisdicción universal. Contó con intrigantes poderosos para evitar que se le emplazara ante el tribunal de la comunidad de las naciones. La justicia chilena hizo esfuerzos moderados por llamarlo a rendir cuentas en el país, pero las tretas de sus defensores y una supuesta demencia incipiente impidieron por años que se le juzgara.
El poder judicial de Chile ha respondido por fin a la responsabilidad que le confiere la constitución y su más alto tribunal ha decidido que la conducta depravada del viejo y maligno ex general se someta a los jueces de su patria. Si en efecto se juzga al poderoso delincuente y se le rodea de las garantías que las democracias ofrecen a los ciudadanos, la justicia chilena merecerá ser considerada con envidia por países como Colombia y Estados Unidos que atraviesan por una profunda sequía jurídica.
El presidente de Estados Unidos llamó al país a unirse con él en un esfuerzo por construir el bienestar de todos mediante la tolerancia y la colaboración. Unos días más tarde anunció que sometería de nuevo a confirmación del senado los nombres de los candidatos más controversiales a posiciones judiciales cuya confirmación fue obstaculizada por los demócratas en la legislatura anterior, garantizando así la continuada controversia y la politización de la justicia. Fiel a su ideología, nombró como secretario de justicia y fiscal general a Alberto Gonzales, habilidoso defensor de la tortura como instrumento de inquisición, encargando del cuidado del derecho a un malabarista de la ley.
El código penal colombiano establece, entre otras medidas, las penas con las que se pueden castigar los distintos delitos. En la práctica la máxima pena aplicable a los presuntos delincuentes colombianos, sean narcotraficantes o terroristas, o un revuelto de ambos, es la extradición a Estados Unidos. La constitución consagra la extradición como instrumento jurídico aplicable dentro del marco de sus disposiciones al respecto y los procesos para extraditar a los encartados se encuadran en marcos legales. Sin embargo, la utilización del destierro penal como sustituto de la justicia nacional y su uso con fines políticos desdicen de la legitimidad de la democracia colombiana. Al contrario de lo ocurrido en Chile, en donde el poder judicial se apresta a procesar al más esclarecido de los delincuentes locales, los jueces colombianos quedan aplastados por la moda de mandar a Miami a los animadores de las bandas nacionales.