Tres días después de su renuncia el ministro de justicia y fiscal general del presidente Bush, John Ashcroft, el del aspecto inconfundible de lechuza de mal agüero, leyó un discurso ante un grupo de extrema derecha para dar testimonio de su desprecio por los derechos humanos y de su constante denigrar del poder judicial. El inquisidor principal del imperio alegó que los jueces que han dictaminado contra algunas decisiones o arbitrariedades del presidente Bush han puesto en peligro la seguridad nacional al erosionar las disposiciones constitucionales que dan rienda suelta al ejecutivo en tiempos de guerra.
Esta “doctrina” Ashcroft es un atropello contra un principio básico de la estructura jurídica de las democracias, la independencia de los poderes, por quien está investido como guarda del régimen de derecho. Quienes somos testigos de que los únicos que han levantado objeciones al abuso de poder del presidente y su gobierno son algunos jueces independientes de criterio y acertados de perspectiva no podemos menos de ver espectros de regímenes totalitarios en esta nueva deformación de lo evidente, que pretende permitir que un presidente escoja y se lance a una guerra cualquiera para estar así en capacidad legal de hacer cuanto disparate se le ocurra.
Esos conceptos amenazantes son legado propio de quien por cuatro años ha estirado al extremo la interpretación de los caprichos públicos en contra de la observancia de las libertades civiles, así como tarjeta de visita apropiada para el señor Alberto R. González, hispano de ascendencia y amigo del gobernante tejano, quien se encargará de mantener la tradición de Ashcroft después de haber escrito ayudas memoria para su jefe el de Crawford denigrando de las Convenciones de Ginebra y abriendo el campo para el maltrato “legítimo” de los prisioneros.
A principios de la misma semana se abrió sin que el difunto lo autorizara el testamento político de otro trasgresor de las más elementales normas de derecho, el ex dictador de Chile Augusto Pinochet. Ese no tuvo necesidad de torcer la letra de la ley porque simplemente la descartó ni le hizo la guerra a ningún Estado extranjero, sino que invadió al pueblo de Chile. Tampoco ha tenido la elemental decencia de reconocer sus crímenes, fue necesario que un grupo de comisionados de indudable valor moral entregara un informe escueto y escalofriante al presidente Ricardo Lagos 14 años después de la salida del vergonzoso régimen pinochetista.
Ese testamento de Pinochet es un mapa de la geografía de la arbitrariedad y la crueldad en tiempos del desenfreno militar más un diccionario de los métodos salvajes de tortura ejercidos por las distintas ramas de las fuerzas armadas bajo el mando supremo del dictador contra quienes no tragaran entero las “verdades” del régimen. Nunca quizás se ha preparado una acusación tan evidente y terrible contra las aventuras de una dictadura.
John Ashcroft y Augusto Pinochet dejan constancia fehaciente de su total desdén de la persona humana, su sádica afición al maltrato de sus congéneres, su torcido concepto de las verdades de obligatorio acatamiento y en general su contribución lamentable a la crónica de los despotismos en la humanidad.