La importancia de respetar los derechos humanos se hace evidente cada vez que los acusados de violarlos reaccionan con furia. Críticos y defensores, sin embargo, cometen errores graves y grandes sectores ciudadanos no comprenden la trascendencia del asunto.
Se equivoca, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos al atribuirse la facultad de evaluar las prácticas de derechos humanos en otros países y emitir un informe anual al respecto. En el más reciente se destaca entre los derechos humanos el de no ser sometido a tortura u otros tratamientos o castigos inhumanos o degradantes, a detención prolongada sin cargos, a desaparición o detención clandestina y a otras violaciones del derecho a la vida, libertad o seguridad de la persona. No hay que asignar mayor importancia o verosimilitud a los dictámenes de un gobierno bajo cuya guardia se violan los mismos derechos que pretende salvaguardar.
Amnistía Internacional en su último informe anual documentó serios abusos del gobierno de Washington. Las acusaciones de esa organización al gobierno de Estados Unidos por el deterioro de los derechos humanos en el mundo fueron contestadas por la Casa Blanca diciendo que por el contrario, 50 millones de personas gozan de libertad gracias a la guerra contra el terrorismo. Ese descarado intento de desviar la atención, supone que la población de Irak y Afganistán haya sido dotada de libertad (lo que parece dudoso al tener en cuenta lo que allí pasa) y olvida que los crímenes no se compensan con buenas obras.
El sanedrín gobernante en Washington no es el único grupo que intenta zafarse de los límites impuestos por el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Otros gobernantes han tenido el cinismo de acusar de secuaces o abanderados del terrorismo a los organismos de derechos humanos y en general a las organizaciones no gubernamentales, como subterfugio para responder a sus críticas.
Tampoco los organismos internacionales gubernamentales, ni las ONG, están exentos de error. Unos y otras tienden a resaltar las violaciones cometidas por los gobiernos y a pasar por alto las causadas por grupos subversivos u otras agrupaciones irregulares.
Más alarmante es la actitud de los ciudadanos. Una encuesta de The Washington Post-ABC del 20 al 23 de mayo acerca del uso de la tortura y de formas de coerción que afectan la integridad personal en interrogatorios a presuntos terroristas, indicó que una de cada tres personas acepta la tortura en algunos casos; dos de cada tres creen que es legítimo impedir el sueño al acusado; 57 por ciento está de acuerdo en que se le mantenga encapuchado por largos períodos; y 54 por ciento aprueba el uso de música o ruido a decibeles intolerables. Aún los castigos rechazados por amplia mayoría cuentan con alarmante aceptación: entre una y dos de cada cinco personas encuestadas están de acuerdo con amenazar la familia del sospechoso, mantener su cabeza bajo agua, desnudarle a la fuerza, patearle o pegarle, privarle de agua y comida, o amenazar con dispararle. Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de la población de Estados Unidos está en contra de la tortura y otros castigos denigrantes, pero una franja amplia de ciudadanos considera legítima la violación de los más elementales derechos humanos y aprueba suplicios crueles e inhumanos. Algunos dirigentes políticos tienen la misma falta absoluta de sensibilidad. El senador republicano Trent Lott en una entrevista en WAPT-TV de Mississippi dijo que no hay ningún problema en amenazar a los prisioneros con perros y afirmó que algunos de los prisioneros no deberían estar presos, sino muertos (The Washington Post, 3 de junio).