La reacción general ante el uso de violencia degradante con los detenidos en cárceles de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Guantánamo ha desprestigiado el descabellado intento de democratizar el Islam y ha determinado la caída vertiginosa de la aprobación ciudadana del presidente Bush hasta límites que podrían impedir su reelección, tan probable hace pocas semanas.
La prensa ha revelado que el reglamento para el tratamiento de los presos en las prisiones estadounidenses de Irak, aprobado por el secretario de defensa Donald Rumsfeld, preveía castigos que violan las Convenciones de Ginebra y que constituyen tortura. El comandante de las fuerzas militares estadounidenses en Irak, general Ricardo Sánchez, tenía la facultad de decidir sobre el uso de medios de suplicio de los reclusos. El señor Bush, superior inmediato de Rumsfeld, es comandante en jefe de las fuerzas armadas de su país. Ha salido a la luz un memorando de su principal asesor jurídico, Alberto González, que entre otras cosas implica que a su juicio algunas disposiciones de las Convenciones de Ginebra son ya una mera curiosidad.
El presidente no asume responsabilidad alguna. Extraño, en un esquema de gobierno que está copiado de las grandes corporaciones capitalistas en las cuales la cadena de mando es nítida y con grande afición a las excursiones militares, que suelen también regirse por escalafones inflexibles. Se entregó a una campaña de águila scout para alegar que la tragedia de Bagdad sirve de contrapunto al noble espíritu de Estados Unidos y a su decisión presidencial de investir la democracia y la libertad sobre el sufrido pueblo iraquí.
Cuando un muchacho aventurero, pichón de capitalista atraído a Irak por la falsa promesa de democracia y su capitalismo acompañante fue decapitado por el fanatismo religioso y el odio ancestral de un puñado de bandidos, el señor Bush concluyó que ese acto imperdonable “refuerza nuestra decisión.”
Todo en línea con el carácter del mandatario, amante de las palabras vacías y la retórica del conservatismo compasivo, que dice practicar. En junio de 2003, atendiendo a la presión de grupos de derechos humanos y al parecer a la insistencia de su secretario de estado, una declaración presidencial proscribió el uso de la tortura y prometió prevenir castigos crueles o inhumanos. Fue apenas una expresión de buenos deseos que sugiere que desde entonces el señor Bush sabía de la podredumbre de algunas de sus prisiones.
En cuanto a Rumsfeld, el secretario de defensa es uno de esos individuos que comulgan con piedras de molino, capaz de explicar que las más abiertas violaciones de las Convenciones de Ginebra no son tales porque las cláusulas legales pueden ser interpretadas de cualquier manera y a su juicio, lo que es contrario a tales disposiciones deja de serlo si al parecer del señor Rumsfeld no lo es. Después de repetir sus endebles argumentos ante una comisión parlamentaria, Rumsfeld hizo un viaje no programado a Irak, visitó la prisión en Bagdad, se reunió con el general Sánchez y al día siguiente aparecieron nuevas reglas, menos bárbaras que las anteriores.
Aún suponiendo que la aprobación de torturas por Rumsfeld sea producto de la imaginación desviada de la prensa, como lo afirmó el Pentágono y que el presidente sólo se haya enterado de lo ocurrido cuando vio las repugnantes fotografías hace tres semanas, los señores Bush y Rumsfeld, si es que antes ignoraban lo que ahora saben, afrontan una tarea gigantesca y urgente para mejorar las comunicaciones internas del gobierno y empezar así a enterarse de lo que pasa bajo su miope liderazgo.