Los países subdesarrollados andan siempre de la mano a la boca en materia de atender adecuadamente las necesidades básicas de su población. Los recursos siempre son insuficientes ante el perenne crecimiento de las demandas y los niveles de pobreza y el deterioro de la calidad de la vida son progresivos con pocas excepciones y cada vez más alarmantes. Sin embargo investigaciones recientes muestran que muchos países pagan entre el 10 y el 30 o 40 % más de lo que deberían por los bienes y servicios que el estado compra. A este trágico cuadro contribuyen numerosos factores sociales, culturales, políticos y económicos que sería pretencioso e imposible generalizar y discutir en un corto comentario como este. La cuestión básica sin embargo sigue siendo la misma, cómo arbitrar más recursos y cómo usarlos más eficientemente.
Las fuentes de recursos oficiales provienen de los impuestos o de préstamos. Por otro lado muchos gobiernos acuden a estimular la inversión privada para subsanar problemas sociales y generalmente se acude a una combinación de todos estos recursos para financiar el desarrollo. Los gobiernos recurren o a las alzas de impuestos, a veces irónicamente combinadas con “estímulos” a la inversión privada (mediante concesiones tributarias para compensar los riesgos del país) o al endeudamiento. Pero poco miran los gobiernos a los costos escondidos que algunos sistemas del estado conllevan y que con voluntad política y determinación podrían ofrecer un gran alivio a la situación. Estos son costos reales que consumen recursos que de otra forma estarían disponibles para la sociedad.
Uno de ellos, y que es el más obvio es la corrupción administrativa del estado auspiciada por los funcionarios públicos deshonestos y patrocinada por aquellos que hacen negocios con el gobierno. La corrupción incluye entre otras cosas, el soborno para conseguir contratos o para facilitar trámites o para entregar productos u obras de calidad o en cantidad inferiores a las inicialmente ofrecidas. El costo del soborno obviamente lo recupera el contratista o proveedor delincuente a través de mayores precios de los contratos y reduce así la disponibilidad de recursos para otras necesidades sociales. Por ejemplo una encuesta entre contratistas Colombianos realizada hace un par de años atrás por la Fundación Corona de Colombia indica que el 95% de los contratistas encuestados dijeron que en su opinión es necesario pagar una comisión para obtener una adjudicación de un contrato y que la comisión promedia es del orden del 12.4% del valor del contrato. Las comisiones mas altas se pagaban en Barranquilla (18%) seguidas de Cali (14%), Bogotá y Medellín (12%).
Hay otros costos escondidos que consumen los recursos para el desarrollo. Los más notables son: la complejidad legal y falta de claridad en las normas; la aplicación inconsistente por parte de los jueces de las normas jurídicas, bien sea por incompetencia o por falta de precisión en las normas; el tiempo que toma un fallo judicial en materias comerciales; el trámite burocrático excesivo e innecesario que facilita el ofrecimiento y aceptación de pagos de facilitación; la demora en los pagos por parte del estado que aumentan los costos de financiación a quienes hacen negocios con el gobierno. Todos estos factores aumentan los de riesgos para los negocios, el costo de los proyectos de inversión y las oportunidades de corrupción.
Otro estudio reciente realizado por las firmas Price Waterhouse y Coopers, estimó que la combinación de corrupción, políticas económicas erráticas, riesgos legales, falta de normas contables adecuadas y falta de claridad en las regulaciones de los negocios resulta en costos adicionales de los recursos para los países en desarrollo. Por ejemplo, se estima que estos riesgos implican para Colombia pagar un 6% más de interés por sus préstamos comerciales que lo que paga Singapur, Chile o Estados Unidos. Al mismo tiempo, las deficiencias en los sistemas anotados (y la protección que en consecuencia adoptan las firmas de negocios) equivalen a imponer a las empresas que trabajan en Colombia un 25% más de impuestos corporativos comparado con un 5% en Chile y Estados Unidos y 0% en Singapur. Sin ánimo de hacer comparaciones que puedan parecer odiosas, no veo qué no se puede hacer en Colombia que si se puede hacer en Chile para bajar estos costos.
El presupuesto de inversión de Colombia para el año 2004 ronda por los 3.400 millones de dólares, si se lograran bajar los extra costos por los riesgos discutidos aquí tan solo a la mitad, o sea en un 12%, nos estaríamos economizando la bicoca de 400 millones de dólares por año. Esto sólo en inversión sin contar la compra de insumos corrientes para funcionamiento del estado distintos de los salarios. ¿Cuantas escuelas se podrían construir con 400 millones de dólares por año? Parece entonces que vale la pena empezar a trabajar en un proyecto de simplificación y moralización del estado, así sea poco a poco. Sería una de las inversiones más rentables que puede hacer el país. Desafortunadamente los pocos y tímidos intentos que se han hecho han sido bloqueados por numerosos interese políticos, económicos y parroquiales de quienes aún se benefician de que el estado continúe pagando más por lo que puede pagar menos.