El terrorismo ganó una batalla importante, desquició el sistema judicial.
Desde acontecimientos al parecer triviales: un ciudadano de ancestro hindú detenido durante cuatro horas en el aeropuerto de Chicago, oyó a uno de los guardias de seguridad explicar que no les había gustado su aspecto. Ciertos semblantes se han vuelto inaceptables, en especial los que revelan trazas musulmanas. El delito de parecer lo que se es cae bajo el llamado racial profiling o sea perfil racial, con presunción de peligrosidad.
Hasta la legalidad de la intrusión, aprobada por el congreso en la Ley Patriota, dando carta de aceptación democrática a la violación de derechos elementales a impulsos de la lucha contra el terror. Los parlamentos de alguno o algunos países coaligados consideran estatutos de parecida calaña.
Pasando por el intento de establecer procedimientos para-judiciales arbitrarios del gobierno fisgón: el almirante (en retiro) Poindexter, uno de los rezagos del negociado Irán-Contra acaba de renunciar porque su juego de apuestas a futuro sobre atentados terroristas causó amplia indignación. Ya había fallado otra vez cuando trató de jugar al Estado pirata para robar información de los ordenadores de los habitantes de Estados Unidos. El estado de Florida, gobernado por el hermano del ejecutivo, progresa en su intento de obtener, almacenar y difundir datos privados de los ciudadanos. El proyecto cuenta con apoyo de fondos federales. El espionaje interno organizado se utiliza también sin tanta sofisticación en algunos aliados en la lucha contra el terrorismo, como Colombia.
Echando a perder la independencia del sistema judicial: el señor Ashcroft, especie de Torquemada gringo, ha exigido a los fiscales denunciar ante su departamento de justicia a los jueces que dicten sentencias más favorables que las prescritas por las guías federales en los casos en que estas no son de aplicación obligatoria.
Utilizando métodos tramposos más elementales: la seguridad nacional exigió que los varones mayores de 16 años originarios de 25 países tuvieran la obligación de registrarse en los servicios de inmigración. Las autoridades aseguraron, antes y después del registro, que este no tenía por objeto en absoluto deportar a los ilegales. La comparecencia de 83.000 personas resultó en más de 13.000 procesos de deportación.
Presunción de culpabilidad: en la ciudad de Lackawanna, seis jóvenes musulmanes se declararon culpables de terrorismo y fueron condenados a prisión. Sus abogados defensores explicaron que la aceptación de culpabilidad fue la única alternativa a su encierro en prisiones militares, sin acceso a abogados o jueces.
Pérdida de la libertad sin acusaciones ni defensa: José Padilla fue detenido como testigo de actos de terror. Un día sin previo aviso se notificó a su abogada defensora que había sido declarado combatiente enemigo por el presidente de Estados Unidos y trasladado a una prisión militar, sin permiso de visitas ni de teléfono. Le dijeron que podía escribirle y cuando preguntó si él podría leer lo que le escribiera le respondieron que eso no podían garantizarlo.
Sin mencionar los casos que han recibido mayor publicidad, como el campo de concentración de Guantánamo, las decenas de prisioneros anónimos sin recurso a jueces ni a defensores, los tribunales militares imitados también en algunos países amigos.
Todo bajo la supervisión del ex gobernador de Tejas: según un artículo de la prestigiosa revista The Atlantic Monthly citado en The Washington Post, se reunía media hora con su asesor legal para estudiar por encima las solicitudes de clemencia de los condenados a muerte y logró un récord de ejecuciones durante su mandato. Alberto R. González desempeña el mismo oficio de asesor legal en la Casa Blanca y se le considera candidato a la magistratura en la Corte Suprema.
Estamos en guerra, en cuyo espíritu el más gentil de los generales, el secretario de estado Colin Powell, gruñó por televisión diciendo: Sadam es un pedazo de basura esperando a que lo recojan.