El Periódico el Tiempo de Bogotá publicó en su edición (Internet) del 18 de marzo de éste año un breve resumen del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. El periódico además, con un excelente sentido informativo, puso a disposición de los lectores el texto completo del informe. Unos días después el miso diario informó en un breve artículo acerca del informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre los derechos humanos en Colombia que, según el Tiempo, corrobora muchos aspectos del informe de la ONU. Ambos informes traen malas noticias para los Colombianos y muestran como en general ha habido retrocesos en este campo y como hemos fallado en ejecutar las recomendaciones de informes anteriores. Sería difícil tachar de sectario o sesgado el informe de la ONU pues detrás de él no pude haber intereses políticos, ideológicos o de grupos y además parece estar muy bien documentado. A todos los actores se les asigna su cuota de contribución al problema.
Hablar del tema de derechos humanos en Colombia es todavía muy controversial y es difícil hacerlo sin ser estigmatizado por alguna de las partes en conflicto. A quien dice que el Gobierno los viola, se le tacha rápidamente de comunista y simpatizante de los grupos armados. Al que dice que los grupos armados los violan se le acusa de ser reaccionario y se le amenaza por parte de lo mismos grupos. Y en general se justifica la violación por cualquiera de los bandos diciendo que los otros también lo hacen. La justificación de las violaciones contra otros como retribución y el encallecimiento de la sociedad colombiana ante este problema han resultado en un grave deterioro del respeto a los derechos fundamentales, como lo revela el informe de la ONU. Y mientras tanto la situación seguirá empeorando antes de que empiece a mejorar.
Según el informe de la ONU en el año 2002 las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario aumentaron en forma alarmante. También revela el informe la continua y progresiva degradación del conflicto armado. Por ejemplo el informe indica deterioro en violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la libre expresión electoral y al debido proceso. Las denuncias por connivencia de militares con acciones paramilitares, los atropellos a comunidades étnicas, las violaciones a los derechos de los niños y otros mas muestran tendencias alarmantes. En 110 municipios del país hubo presiones para intimidar a la población en las últimas elecciones. Se registraron 23.400 homicidios (compare el elector con los muertos hasta ahora en la guerra de Irak), los desplazamientos forzados de poblaciones aumentaron en un 100% con respecto al año anterior, 554 de los 1096 alcaldes que tiene el país fueron amenazados. También menciona el informe mejoras y acciones positivas en la áreas de asistencia técnica al gobierno y a las fuerzas armadas y entrenamiento de funcionarios en la materia.
El panorama es muy preocupante pero lo es aun más la actitud de la sociedad civil y del gobierno frente al tema. Los gobiernos Colombianos, incluyendo el actual, generalmente toman una actitud defensiva y tratan de minimizar el problema o de desacreditar los informes como sesgados y faltos de objetividad. Es notable por ejemplo que los pocos pronunciamientos de altos funcionarios sobre el informe de este año fueron en es dirección. Sin embargo, con el informe del Departamento de Estado, si fuimos muy cautelosos. El gobierno decidió responder “privadamente”a este informe. Esta actitud es verdaderamente una afrenta a la transparencia que se requiere en este tema. Es difícil entender como un informe público se puede responder privadamente por parte de un gobierno democrático. O le tenemos miedo a contradecir lo que el informe dice (para no poner en peligro la ayuda Americana) o lo que dice el informe es verdad y no tenemos respuestas claras. Y para cerrar con broche de oro la ministra de defensa salió a decir que aunque ha habido violaciones por parte del ejército, esa no es la política de la institución. No creo que haya ninguna institución en le mundo que declare como su política oficial violar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Pero el hecho es que están ocurriendo. Además de ser esta una excusa de cajón, decir que esa no es la política y al mismo tiempo permitir o dejar impunes las violaciones, es un insulto a la inteligencia y una abdicación de la obligación del estado de proteger los derechos de todos. La tolerancia a las violaciones oficiales deslegitimiza al gobierno y degrada el conflicto aun más.
La sociedad civil por su parte está totalmente encallecida. Por que en Colombia nunca se nos enseñó lo que son los derechos humanos y lo que significan como factor de comportamiento social, y menos aun el derecho internacional humanitario. Aprendimos si muy bien los símbolos patrios y la composición de los cuerpos legislativos y la división de poderes. En fin, todo lo que es mecánico y accesorio, pero nunca lo que significa vivir los valores del respeto a los derechos. No hay en Colombia una cultura del respeto a los derechos humanos. Me pregunto que tanto sabrán del tema los reclutas de los grupos armados y cual será la calidad del entrenamiento en la materia que les ofrecen sus líderes. Nuestra sociedad se acostumbró a vivir sin molestia en medio del atropello y de la ley del más fuerte como cosas naturales. Recordemos para no ir más lejos lo que ocurrió en los últimos 50 años el país. Por esa razón nos resbalan los informes internacionales y por eso la opinión pública no se manifiesta con vigor y masivamente a favor del respeto los derechos y lo exige como política de estado
Aquí se requiere no una solución basada en asistencia técnica y cursitos de entrenamiento. La solución tiene que ser más de fondo y largo plazo. Para empezar tenemos que reconocer que tenemos un problema grave en el campo de derechos humanos y afrontarlo, no minimizarlo ni esconderlo. Se necesita una gran cruzada para transformar la mentalidad nacional hasta el punto de que los colombianos entendamos que los derechos humanos no se garantizan con leyes y eslóganes sino que es algo que se practica y se vive porque creemos en ellos. Y la cruzada tiene que ganarse colombiano por colombiano, en las escuelas, desde los púlpitos, en los estadios, por la radio y la prensa, en las reuniones gremiales, con los sindicatos, en los cuarteles y en las familias. No son las organizaciones internacionales ni las ONGs las que nos van a dar las soluciones. Ni los grupos armados. Es un deber del gobierno y de la sociedad civil atacar frontalmente el problema con soluciones de fondo y no con paños de agua tibia. La sociedad Colombiana no puede dar de lo que no tiene. Hay que construir el capital social en este tema ya que no se le pueden pedir peras al olmo.