El grupo Bush, que gobierna en Washington, se dispone a asumir el gobierno del mundo. Así se deduce de un provocativo documento sobre “La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”, lanzado el 23 de septiembre. Escrito en excelente lenguaje burocrático y con contenido también oficinesco, es impactante por lo atrevido de sus afirmaciones y conceptos.
El compendio gubernamental asigna a Estados Unidos una misión global evangelizadora. Interpreta el principio jurídico tradicional de legítima defensa como origen de una nueva doctrina de legitimidad del ataque preventivo. Y propone una serie de postulados simplistas como marco de progreso armónico de la humanidad.
Muchas personas, tal vez la mayoría en la sociedad contemporánea, están de acuerdo en que como se proclama desde la Casa Blanca, las únicas bases de éxito son la libertad, la democracia y la libre empresa. Otros, que estamos en la minoría, no asignamos a la libre empresa la función que solía tener la justicia.
Todos reconocemos que Estados Unidos disfruta de fuerza militar e influencia económica y política sin paralelo. En donde divergimos de nuevo es en el papel que le corresponde desempeñar. El presidente Bush y sus compañeros de directiva dicen que además de su deber primordial de salvaguardar la seguridad doméstica, corresponde a Estados Unidos preservar la de sus amigos y castigar a los enemigos. Amigos son los que intentan practicar la democracia y ejercer el libre comercio. Otros creemos que la libertad no se impone a la fuerza y el libre comercio tiene, además de efectos saludables, la virtud de perpetuar el dominio de los grandes sobre los pequeños. Lo que nos resulta inadmisible de todas maneras es que la nación más poderosa se convierta en misionera fanática de una doctrina poco convincente.
Las Naciones Unidas fueron creadas para promover la paz después de las por entonces dos guerras más sangrientas de la historia. Por eso su documento constitutivo frenó el uso de la fuerza, que sólo es admisible en último extremo. Se reconoció también el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva, para repeler un ataque armado. El grupo Bush ha resuelto interpretar el principio consuetudinario de legítima defensa para pretender que es aplicable, no sólo en respuesta a un ataque armado, sino a la perspectiva de una posible agresión que ponga en peligro la seguridad nacional. Es la nueva figura de la legítima agresión preventiva.
Además de su endeble base jurídica el cuento de la guerra preventiva sería débil en la práctica. Si es una prerrogativa de Estados Unidos ¿Quién y cuándo le ha conferido el derecho de juzgar y decidir cuáles países o grupos constituyen una amenaza para su seguridad o la de sus amigos e invadirlos a su amaño? Si se trata de un derecho universal ¿En qué quedarían los esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales a cuyo efecto se creó la organización de las Naciones Unidas?
La visión eclesiástica del poder que profesa el equipo del señor Bush se manifiesta también en minucias que no dejan de ser amenazadoras. La doctrina, por ejemplo, de que cuando el presidente está bravo no llama por teléfono. El canciller de Alemania no recibió la llamada congratulatoria de Washington –que se extiende por rutina a los políticos y a los deportistas triunfantes– con motivo de su victoria electoral, porque un elemento saliente de su campaña fue la rotunda oposición a la guerra contra Irak. La censura en el ámbito doméstico es síntoma de abuso dictatorial. En el campo internacional, parece más bien desbocada arrogancia preventiva.