Si alguna virtud tiene el actual gobierno colombiano es la de hablar y actuar de frente, sin tapujos. Es extraño que la prensa no haya conferido una cobertura más destacada, al comentar un asunto de alto interés nacional, a la franqueza absoluta con la que el vicepresidente ha expuesto de manera concisa y contundente la nueva política exterior. Según informó Última Hora, CARACOL, el 17 de agosto, Francisco Santos anunció que Colombia estaba dispuesta a firmar el acuerdo de inmunidad a los ciudadanos de Estados Unidos respecto de la Corte Penal Internacional, aduciendo como argumento único y suficiente el hecho de que Estados Unidos es en estos momentos “El” aliado de Colombia y por ello se debe tener gran respeto por sus políticas y sus actitudes. Puesto en términos más familiares y menos gubernamentales, como la ayuda militar de Washington es indispensable y como su continuidad depende de la firma del pacto, a firmar se dijo. Para concluir explicó que en los próximos días se tomaría una decisión acorde con esos criterios, ya que la solicitud se estaba estudiando. Lo cual quiere decir que el estudio que se está efectuando es un simple trámite, porque la respuesta ya está adoptada.
Es muy comprensible que el gobierno de Colombia se incline a suscribir un acuerdo bilateral con su aliado principal porque no hacerlo equivaldría a poner en peligro la mayor fuente de ayuda militar, que es a su vez de absoluta necesidad para lograr los fines que busca el gobierno sudamericano. La situación es parecida, pero aún más dramática, a la que afrontan los países en desarrollo con graves desequilibrios financieros cuando pactan con el Fondo Monetario Internacional compromisos que los conducen a imponer restricciones a sus pueblos marginados para salvar la solvencia de los bancos y las corporaciones. Es difícil estar de acuerdo con quienes acusan al Fondo de ser culpable de los males de las naciones en donde opera. La verdad es que los pactos se perfeccionan entre varias partes y que la parte que acepta sus cláusulas es tan responsable como la que las propone. Sin negar que el más chiquito juega en desventaja.
Tampoco es criticable por sí misma la presunta decisión colombiana de hacerse de la vista gorda ante posibles delitos contra la humanidad que lleguen a cometer los ciudadanos de su nación aliada a quienes se quiere preservar de la jurisdicción de un tribunal de derecho creado por la comunidad internacional, a cambio del suministro de helicópteros, medios de inteligencia antiterrorista y entrenamiento militar de altísima calidad. No es, como con tanta nitidez lo ha sugerido el vicepresidente, el momento propicio para cometer un desaire contra el presidente Bush, su embajadora o sus enviados itinerantes.
Tampoco hay motivos para poner en tela de juicio la política del gobierno de Bush. Aunque no la exponen con la misma ingenuidad, su estrategia está sustentada en la percepción de que, si ayudan a sus aliados a ganar sus propias guerras, es saludable derivar ventajas compensatorias del riesgo que asumen. En el ámbito internacional, como en el personal, se da para recibir.
El caso de Colombia ilustra la evolución de las relaciones internacionales hacia un pragmatismo total. Las circunstancias han llevado al mundo hacia el predominio de lo conveniente frente a lo ético y la proliferación de bandas terroristas ha colocado a los gobiernos ante amenazas que plantean la necesidad de recurrir a soluciones inéditas. Lo triste es que los violentos al margen del derecho han ganado ya la batalla principal en la que se debate el mundo. Los forajidos de todas las calañas han conseguido que el imperio global de lo pragmático eche por tierra los valores y principios que la humanidad había forjado para resguardar la dignidad en la vida de las naciones y de los pueblos.