Las nuevas modalidades de obstrucción al derecho internacional por el gobierno de Estados Unidos están poniendo en jaque la vigencia de las normas jurídicas como patrón de las relaciones entre los pueblos y desvirtuando el respeto a los tratados como prenda de buena fe de la política exterior de los gobiernos.
Cuando un congresista de extrema derecha propuso la adopción de ciertas medidas de desquite contra los estados que ratificaran el tratado de Roma que estructuró la Corte Penal Internacional, las represalias sugeridas sonaban, más que a iniciativas serias, a chistes flojos. Resulta, sin embargo, que el congreso las convirtió en ley, promulgada por el presidente Bush.
El gobierno y el congreso de Estados Unidos se oponen al tribunal mundial porque temen que los ciudadanos estadounidenses puedan ser sometidos a la jurisdicción de la Corte por simple ánimo de persecución. No admiten que el estatuto contiene medidas de defensa para evitar persecuciones injustificadas ni comprenden que como partes del tratado estarían en mejor disposición de influir sobre las reglas de juego.
El objetivo que persiguen es de dudosa validez, porque la inmunidad por razón de país de origen es contraria a las más elementales nociones de justicia. La estrategia para conseguirlo tiene elementos de amenaza y coerción: en complemento a la decisión presidencial de hace algunas semanas de “desfirmar” el tratado, la exótica ley reciente permite al gobierno suprimir la ayuda militar a los países que lo ratifiquen, a no ser que éstos firmen acuerdos con Estados Unidos para garantizar la inmunidad de sus ciudadanos respecto de órdenes judiciales provenientes de la Corte Internacional, como lo han hecho Israel y Rumania. Tales acuerdos son legales. El artículo 98 del Tratado de Roma los reconoce. Estados Unidos, sin embargo, no es parte del convenio y además es curioso que haga uso de la prescripción del tratado que le favorece, para tratar de minar la existencia o por lo menos la capacidad de operación de la Corte.
El general secretario de estado afirma que la campaña para lograr firmas de acuerdos de inmunidad no conlleva amenaza o coerción algunas, sino simples propuestas diplomáticas con pleno respeto a los aliados de su país. El argumento del general Powell se ajusta a la verdad teórica. ¿Para qué blandir amenazas cuando la ley las profiere de manera tan explícita? No hace falta repetir a quien se siente en la mesa de negociación con Estados Unidos los riesgos que corre si no firma lo que se le propone.
Es difícil comprender cuál ha sido el raciocinio que ha permitido a los representantes de una nación que se precia de vivir dentro del orden jurídico y que estimula la vigencia de la ley, acoger una doctrina y una estrategia tan contrarias a cualquier asomo de legalidad. El desprecio a un tratado que ha sido ratificado en corto tiempo por un crecido número de gobiernos no es sorpresivo cuando se estudia el récord de las posturas de Estados Unidos frente a los principales acuerdos internacionales de los últimos años. La pretensión de que se reconozca que los estadounidenses son una casta privilegiada que a diferencia de las demás criaturas escapan por naturaleza a la jurisdicción de una institución global de justicia, es una aspiración comprensible si bien no justificable en una primera potencia mundial que se considera superior a los demás. Pero los instrumentos empleados para presionar a los gobiernos de estados soberanos en su decisión de pertenecer o no a la Corte Penal Internacional no son congruentes con la imagen de un país orgulloso de ser presunto adalid de la libertad y el derecho.